El líder del PP, Pablo Casado, apareció ante los medios el lunes después de reunirse con algunos alcaldes de su partido. En su discurso, pidió a los demás partidos, en particular e implícitamente al gobierno, que no dieran «información falsa» sobre los supuestos recortes en la atención médica durante el mandato de Mariano Rajoy.
Casado negó que su partido haya hecho recortes en el sector de la salud «ni siquiera en los peores años de la crisis»: «Pedimos que no se critique a la gestión de los alcaldes o presidentes regionales porque vienen de otro partido, y mucho menos que se intente dar información falsa sobre supuestos recortes o recursos perjudiciales para la salud o los servicios sociales», dijo.
El líder popular continuó: «Por el contrario, en los últimos años, durante los peores años de la crisis económica, hemos visto grandes esfuerzos por parte de todas las administraciones para invertir en la atención sanitaria». «Tenemos el mejor sistema de salud de Europa» y a pesar de los momentos críticos, el PP «está a la altura».
«Por el contrario, en los últimos años, durante los peores años de la crisis económica, hemos visto grandes esfuerzos por parte de todas las administraciones para invertir en la atención sanitaria»
Los datos más básicos desmienten a Casado
Las palabras de Casado son insultantes por su falta de realismo, ya que los datos, sin profundizar demasiado, desmontan completamente sus palabras. Año tras año, Mariano Rajoy ha recortado el gasto público en sanidad, de modo que es inferior al 6% del producto interior bruto (PIB), más de un punto por debajo de la media europea. Tras la era Rajoy, España ocupaba el 15º lugar de 28 países de la UE, lejos de los países más desarrollados y por detrás de países más pobres como Eslovaquia, Eslovenia o Croacia.
Durante el gobierno del PP se cerraron casi 3.000 camas de hospital (una de cada cinco) en el municipio y se despidió a 3.200 trabajadores de la salud pública, mientras que se hicieron inversiones para encargar la construcción de siete hospitales privados con buitres y empresas implicadas en la financiación ilegal del partido.
El coste adicional acumulado de la privatización asciende a 3.483 millones de euros, según un informe de Podemos a la fiscalía anticorrupción por posibles delitos de malversación, evasión, fraude e influencia de ventas.
